ESTADO ESPAÑOL: D-U-N-S 768339330

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 11 DE SANTANDER

D. Miguel Torres Alvarez. Procurador de los Tribunales de Justicia, en nombre de Dña. Blanca Ortiz Gómez, en las diferentes causas procesales de ese Juzgado entre ellos 737/2020, bajo la dirección letrada de D. Enrique Campos Viejo, abogado ICAM, y como mejor proceda en derecho, y solo a efectos de notificación procesal, DIGO:

Habiéndose recibido Auto de ese Juzgado, de la juzgadora Marta Solana Cobo, reiteramos que todas las actuaciones procesales de ese juzgado son nulas de pleno derecho (Nulidad Absoluta) todas ellas planteadas desde hace meses, y nunca resueltas por esa juzgadora.

Esta parte procesal, ha denunciado sus hechos en la fiscalía, y en otros juzgados de instrucción de Santander y Santoña, que, por presunta mala fe de sus juzgadores, los tienen paralizados pero que no libra para informar que, en todas las actuaciones de ese juzgado, tanto de la juzgadora, LAJ, y del resto de empleados de la oficina judicial, hay motivos para ser denunciados en tribunales internacionales.

Los juzgados de Cantabria, se financia con los presupuestos del Gobierno Cántabro, una entidad privada con ánimo de lucro y que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Se lo vuelvo a explicar, porque parece que no quieren enterarse de que Uds. Son según el presidente del T.S. y presidente del CGPJ Sr. Lemes, una entidad de servicio. Ud. Ofrece SERVICIOS, pero mi mandante no quiere sus servicios.

El supuesto estado español, es una compañía privada que cotiza en la bolsa de Nueva York, por lo cual no es una entidad de derecho público, sino una corporación privada.

El estado español como Corporación privada, tiene un número de DUNS, que tiene dos domicilios, uno en Madrid en Puerta de Hierro, y otro en Washington D.C.

España es una empresa privada y todos los servicios que prestan estas entidades son como corporaciones privadas.

A partir de estos datos, es evidente que, por la Ley del Almirantazgo o Ley del Mar, tanto las personas físicas (entes muertos, nada que ver con los seres vivos) y las mismas personas jurídicas (otro ser inanimado) son meros actores para el comercio)

Por ello los funcionarios en realidad no dejan de ser lo que se considera en cualquier otra corporación o sociedad jurídica un trabajador por cuenta ajena, solo que en el contrato de trabajo el funcionariado de carrera tiene un vínculo especial con la Corporación Estado Español, mientras que el resto de los trabajadores de las administraciones tienen un acuerdo distinto.

Por tanto, la relación entre el ser vivo considerado ciudadano a efectos prácticos por la ley del mar, solo es un consumidor a efectos legales, vinculado al estado mediante contrato., como el actual presidente del CGPJ Sr. Lesmes informa en el caso de la Justicia, es un consumidor del sistema judicial, en un libro firmado por él.

Por ello, el DNI o cualquier otro documento como el carné de conducir o cualquier otro permiso administrativo es un servicio de la corporación estado, a la que le da al consumidor a recibir ciertos servicios del estado, al igual que en un casino, o en un hotel o crucero de recreo, en la que la pulsera le da al consumidor un derecho para recibir los servicios de hostelería contratados.

Es evidente que una corporación que haga las veces de un estado, y simule procedimientos administrativos, judiciales y de cualquier otro tipo, ya que de por sí, desvirtúa el objeto de la corporación que es dar los mejores servicios a los ciudadanos (clientes).

Por ello:

Considerando: que el ESTADO ESPAÑOL es una empresa con ánimo de lucro enmascarada de gobierno, véase: Constitución Española. Arts. 140, 141 y 142.

Considerando: que Todos los ayuntamientos son corporaciones privadas con ánimo de lucro de ficción legal, con números de comercio internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos)

Considerando: Que la DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL es entidad privada con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 564619245, con sede Calle Príncipe de Vergara N.º 246 28016 MADRID. Esta entidad es a su vez rama subsidiaria del ente corporativo de ficción legal denominado MINISTERIO DE DEFENSA.

Que el MINISTERIO DE DEFENSA es entidad privada con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 465753346, con sede en Paseo de la castellana Nº109 28046 MADRID.

Que la DIRECCION GENERAL DE TRAFICO MIR es entidad privada con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 475112590, con sede Calle Josefa Valcárcel Nº28 28027 MADRID.

Que la JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO-MINISTERIO DEL INTERIOR es entidad privada

con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N- S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 468086723, con sede Calle Josefa Valcárcel Nº28 28027 MADRID. Esta entidad es a su vez rama subsidiaria del ente corporativo de ficción legal denominado MINISTERIO DEL INTERIOR

Que el MINISTERIO DEL INTERIOR es entidad privada con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 633680269, con sede Calle Amador de los Ríos Nº7 28010 MADRID.

Que la DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA es entidad privada con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 633680970, con sede Calle San Bernardo Nº45 28015 MADRID.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA es entidad privada con ánimo de lucro de ficción legal, con el número de Comercio Internacional D-U-N-S® (Sistema Universal de Numeración de Datos) 460941679 con sede en plaza de Villa de Paris (sede órganos centrales) S/N 28004 MADRID

Y todas estas entidades citadas son a su vez rama subsidiaria del ente corporativo de ficción legal denominado ESTADO ESPAÑOL con CIF/NIF N.º I-80103301 y del D-U-N-S N.º 768339330 con sede en Puerta de Hierro en Madrid, cuyo hombre a cargo es PEDRO SANCHEZ PEREZ CASTEJON.

El ente ESTADO ESPAÑOL se encuentra vinculado además en actividades de comercio internacional mediante dos números D-U-N-S más: 618177711 Govenmene of Spain sede en 2915 Connecticut AVE NW APT 102 y del D-U-N-S. 932509305 Government of Spain, sede en 2375 Pennsylvania AVE NW asbasen Washington D.C. USA.

Que todas estas entidades de ficción legal realizan actividades comerciales a nivel internacional en el ámbito privado siendo financiadas por Corporaciones financieras privadas en ausencia de divulgación completa de sus actividades a sus legítimos propietarios.

Que las dos principales entidades privadas de financiación de dichas ficciones legales son BlackRock mediante los Fondos de inversión denominados iShares y la Corporación Vanguard Group a través de VanguardFunds, en donde aparecen en sus Informes anuales diversas cantidades prestadas a ESTADO ESPAÑOL, Comisión Europea, ETC., en plazos e intereses singularizados, todo ello bajo acuerdos privados fuera de jurisdicción pública. Y deben ajustarse al Código Uniforme de Comercio UCC y a su normativa en contratos.

Que el gobierno de Cantabria es una entidad privada con ánimo de lucro que cotiza en la bolsa de New York.

Que la partida presupuestaria del gobierno de Cantabria de ese supuesto gobierno como entidad privada, financia a los Servicios de Protección de menores como entidad privada con ánimo de lucro (Llamados ICASS), y prestación de SERVICIOS

Teniendo en cuenta que esa entidad es una Corporación Privada con ánimo de lucro.

Dependiendo de la zona, un menor supone de hasta un ingreso bruto de unos 15.000 euros/mes para los servicios sociales en España, y esa es la razón del control de menores de esa entidad, bajo la apariencia de Asuntos Sociales.

Es evidente que mi cliente no ha contratado a esa organización privada, como ya se les ha comunicado, ni tiene intención de hacerlo.

La corporación estado español, que es la propietaria del registro civil, como derecho de autor, se queda con los certificados registrales para comerciar con ellos, lo que no deja de ser una nueva forma de esclavismo universal, mediante engaño dado que ni los padres y menos el ser vivo nacido conoce esa realidad. (Engaño Bastante)

Sobre esta base se sustenta la Corporación España y otros estados corporaciones, en la que todo es comercio marítimo, y todo se regula mediante contratos.

Las supuestas normas o leyes emanadas del Congreso, y realizadas por empleados de la Corporaciones privadas partidos políticos (Según el ex Presidente del Congreso José Bono), son normas contractuales que el consumidor como así nos llama el presidente del Consejo General del Poder, Sr. Lesmes (Es correcto) obligan a la Corporación España y a aquellos que las admitan (muchos de los cuales desconocen que sus documentos son nombres de paja (persona física es un personaje o actor en el mundo contractual y no es una persona viva) y que no les vinculan como sujetos o seres vivos.

Los Edificios públicos son del pueblo, y están gestionados en supuesta tutela por el estado, ya que el pueblo es declarado mentalmente incapacitado, entonces en sustitución, y habiendo deudas, el Estado lo gestiona, bajo un símil jurídico imperfecto, y carente de legalidad.

En el año 1985 se implementó la Ley de Bases de Administraciones Públicas y régimen Local, en donde los ayuntamientos pasaron a ser corporaciones/Trusts de ley internacional relacionados con el tratado de Roma de 1978, en donde se implementan única y exclusivamente corporaciones de dicho tratado que es igual ley internacional, estas corporaciones son llamadas: Personas Físicas y Personas Jurídicas. Todos los juzgados y Tribunales en España son corporaciones privadas.

Estas usurpaciones son legalmente, Apropiación Indebida, y dado además que los edificios son de propiedad del pueblo, pero no de titularidad pública, son propiedad del público o pueblo español.

Si Roma, mediante la Ley del Mar estableció las corporaciones privadas, luego llamados estados, mediante artificios que vulneran la ley natural, con derechos que se auto

concede y sin validez jurídica, es evidente que los estados (Corporaciones privadas) deben respetar las normas contractuales que publican y ello que la misma jurisprudencia ha determinado en muchos casos son normas de adhesión (contratos bancarios, eléctricas, telefonía, aguas, etc) y muchas de ellas contrarias a derecho, violando la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores y la Directiva (UE) 2019/2161 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, y aunque desde la UE se nos explique cómo una mejora de derechos como consumidores, no hay que olvidar que España es una corporación privada pero la Unión Europea es otra organización privada con diversos órganos de la misma índole.

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

Aquí esta declaración está firmada por el Secretario General en ese momento y parece que la Corporación España ignora el art. 2, art. 3, art. 4, Art. 5 (Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes) Art. 6.

Art. 7 (Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación)

Art. 8 (Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley) Por esta razón se ha ido denunciando estos hechos ante la Corte Penal Internacional.

MINISTERIO DE JUSTICIA

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MINISTERIO DEL INTERIOR

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W       Name primary executive    GRANDE-MARLASKA GOMEZ, FERNANDO W        Activity (SIC)  9199

MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD

D-U-N-S® number: 46-123-1848

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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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MINISTERIO DE HACIENDA

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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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https://youtu.be/uiTxTlk_994

Bula Papal: Cestui Que Vie Act y la Ley del Mar o Almirantazgo que hoy en día definen el sistema vigente para la organización de la propiedad, el derecho, el dinero y por tanto la política; y para el cual los seres humanos somos meras corporaciones o vehículos del poder papal y de la Corona.

Ley del Mar:

Los Gobiernos son Corporaciones. ¡El fenómeno de Gobierno Corporativo no sólo es demostrado por la manera en que “los gobiernos” se comportan como Beneficiarios (no como Fideicomisarios) del gobierno en Fideicomiso, sino que los registros también lo demuestran! Los Estados Unidos, Canadá, Australia, El Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Japón, Sudáfrica… y la lista sigue… todos son entidades corporativas con sede en EE. UU., registradas como tal en la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) … y funcionando como tal a nuestra costa. “El sistema” es oligárquico en naturaleza ya que está dirigido sólo para beneficiar “a los pocos”, mientras que el resto de nosotros trabajamos para apoyarlo.

Las personas son Corporaciones. Al nacer, una solicitud de certificado de nacimiento es firmada por los padres, que es utilizada por el Gobierno Corporativo para comenzar un Fideicomiso en el nombre del ser humano. Este Fideicomiso es utilizado como colateral, y una cuenta colateral es creada y financiada a ese nombre. El ser es el Beneficiario de este Fideicomiso… pero nadie le dice que existe. ¡Si no se completa un testamento a la edad de 7 años, el Gobierno Corporativo lo declara fallecido – bajo derecho marítimo por sobre todas las cosas! – y el ser humano está oficialmente considerado “perdido en el mar” por el sistema. En serio.

El Gobierno Corporativo entonces asume el control financiero de los bienes del ser humano, y ellos – conscientes de que la mayoría de nosotros, de hecho, vivimos por encima de los 7 años – continúan tratándonos como esclavos vivos.

Los fondos generados por la monetización de la vida – utilizando como colateral – se prestan cuando se solicita un financiamiento bancario, hipotecas, etc. Entonces se está obligado a trabajar para pagar esos fondos – más los intereses – de vuelta al sistema. Legalmente, no tiene derecho porque se considera “muerto” a la edad de siete al ser vivo.

Las Corporaciones, los Gobiernos y los Medios de Comunicación, todos dicen presuntamente las mismas mentiras. Todos ellos son parte del mismo problema.

Como consecuencia, la estructura económica mundial es y era un mecanismo de esclavitud masiva. La esclavitud es un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, y se ven obligadas a trabajar. Los esclavos son retenidos contra su voluntad en el momento de su captura, adquisición o nacimiento, y privados del derecho de salir, o negarse a trabajar.

Si así lo desea para educarse y ser competentes acerca de la mecánica de su propia esclavitud para que pueda recuperar su libertad de nuevo, lo que necesita saber está en….

La conexión de la UCC – ¿Cómo el Código Uniforme de Comercio ‘El secreto se hizo cargo’ del mundo?

La UCC se hizo cargo de ‘todos los acuerdos contractuales durante la quiebra ya que

el dinero legal no existía como tal en 1933.

La claridad que obtuvo el remedio de una persona, cuando se trata de la aplicación de la ley a su favor es tan clara como el pastel de barro; sin transparencia. Los métodos

  • La historia detrás de la razón por la UCC “secreto se hizo cargo de” todos los asuntos

jurídicos / legles el planeta;

  • ¿Cómo la UCC trabaja para resolver los acuerdos en lugar de contratos;
  • ¿Cómo reservar sus derechos bajo la UCC;
  • ¿Cómo disipar los supuestos en los tribunales; con ejemplos y escenarios?

A causa de la quiebra de los Estados Unidos, Inc. en 1933 hemos estado “vigilando” de todas nuestras “deudas” que utilizan la contabilidad y de títulos negociables. Me refiero a esto como un “sistema de reconocimiento de deuda” “Sistema Financiero Global” o uso y términos para describir los conceptos involucrados, pero toda esta idea es muy críptica. Las declaraciones de las palabras y los Bills significan algo completamente diferente en virtud de Comercio que lo hace en nuestro uso cotidiano. Winston Shrout tiene una poderosa comprensión de este conocimiento. Veamos la defin3-104. INSTRUMENTO NEGOCIABLE. “título negociable” significa una promesa incondicional o para pagar una cantidad fija de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden…

Como se puede ver “promesa o para pagar una cantidad fija de dinero” significa lo

mismo que un pagaré.

I.O.U. ∞ $ Infinitos más los intereses.

Todos los billetes de la Reserva Federal son pagarés respaldados por el trabajo de las personas.ición de un instrumento negociable de la UCC:

Este “Sistema Financiero Global” es similar a un sistema global de reconocimiento de intercambio de deuda/IOU’s, porque no existe ninguna moneda de curso legal –

intercambiamos pagarés (IOU, deuda) y en realidad nunca “arreglar las cuentas “con

dinero real.

La moneda de curso legal está respaldada por las cosas reales. Antes de 1933, se intercambia un galón de leche por un dólar, que es una promesa de pago oro o plata; el valor real del bien. Ahora, debido a que el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial, basado en la banca de reserva fraccionaria que requiere que el interés que debe imponerse constantemente en el deudor de todas las naciones y en todo el mundo se ven obligados en virtud de este sistema de reconocimiento de deuda con deuda infinita debido a intereses de nuestros hijos niños. Bajo este sistema, que el intercambio de un galón de leche por una promesa de p ago “más los intereses”, eso es lo que el dinero se convirtió a partir de 1933.

El punto final, ya que el dinero no sirve para nada, literal y legalmente, pero que intercambiar algo de valor real – su trabajo – estamos siendo estafados a un ritmo fenomenal! Es la esclavitud literal.

El derecho contractual normal no podría funcionar – no había manera de proporcionar realmente cuenta para los servicios bajo la ley común y contratos sobre acciones sin moneda de curso legal. Dado que el Derecho Común (penal) y la Ley de Equidad (contratos) requieren remedio o el intercambio de valor real, todo el ‘Sistema de Justicia’ se volvió al revés. Un nuevo sistema tenía que ser creado que apareció lícito, pero no fue en ningún sentido verdadero – el tiempo que había una presunción de la ley verdadera (plausible/coloreable/colorable), el ciudadano medio sería sin enterarse. Este es el sistema que conocemos hoy como la UCC, el Código Uniforme de Comercio.

Las ofertas de UCC son con acuerdos presuntivos, en lugar de verdaderos contratos que tienen una total transparencia; y sabiendo consentimiento voluntario e intencional de todas las partes involucradas. En lugar de contratos de ser ejecutable sólo si todas las partes estuvieron de acuerdo con sabiendas, voluntaria e intencionalmente, ahora se pueden hacer cumplir acuerdos con base en las declaraciones o presunciones esencialmente curadas. Si hago una ‘declaración de presunción’ con ‘pruebas materiales’

  • una factura de su acreedor con algunos números en ella que ‘sugiere’ existe un contrato – y no refuta esta afirmación, que se cure de debajo de la UCC dado un período de tiempo.

Esta porción de la deuda Contestataria: Un contrato requiere transparencia y acuerdo de las partes involucradas. ¿Usted firmó con su firma tinta húmeda hacer un nuevo contrato con el tercero? No, no lo hizo y la forma en que obtienen en torno a que está pidiendo que se les envíe el pago, incluso si es muy pequeña. Esto crea una base legal (pero ahora lícita) para el contrato que luego puede tratar de usar en contra suya.

¿Legal, pero no legítimo? ¿Cómo funciona? Vamos a echar un vistazo.

La base jurídica se conoce como “Procuración/miento tácita”.

Tácito Significa:

Entendido o implícita sin ser declarado y

Procuración significa:

El acto por el cual una persona da poder a otro para actuar en su lugar, ya que podría hacer por sí mismo. Una carta notarial.

Procuramiento son expresas o implícitas; una procuración expreso es una hecha por el consentimiento expreso de las partes; el implícito o tácito tiene lugar cuando una persona ve a otra la gestión de sus asuntos, y no interfiere para evitarlo.

El consentimiento para procuración puede ser “implícita” por la falta de respuesta o ‘ponerse de pie y el estado de otra manera. “Teniendo en cuenta estos significados lo que podemos entender es la falta de respuesta es el consentimiento. Debemos refutar las presunciones que esta nueva tercera parte tiene ninguna pretensión de la deuda. Impugnación de la deuda con una declaración escrita es, en derecho, absolutamente eficaz como medio de refutar las presunciones y elimina la implicación de que esta tercera parte no revelada puede haber adquirido la reclamación de la deuda significa: Tácita.

Es ilegal porque para que un contrato sea vinculante y de obligado cumplimiento debe haber una “reunión de las mentes” o la divulgación completa y la transparencia. A- parte de un contrato que vende fuera de su interés a un nuevo partido sin el expreso consentimiento de todas las partes involucradas (lo que significa su consentimiento explícito) es inaplicable en el derecho, a menos que, sin saberlo, les permite Procuración tácita de no desvirtuar sus presunciones y responder a las su oferta se contraiga.

Bajo la UCC debe valer sus derechos antes de cualquier circunstancia de sospecha a fin de garantizar su seguridad. ¿Qué es una circunstancia de presunción? Cuando un hombre o mujer es detenido/a y se le enseña al oficial de policía los documentos de

identificación Corporativas (su licencia de conducir) hay presunción de que está trabajando para los Estados Unidos, Inc., es un agente del gobierno, a sabiendas que hay consentimiento para ser objeto de todos los estatutos y Reglamentos bajo su sistema corporativo. Es como si usted está diciendo: “porque llevo zapatos Nike trabajo para Nike y tienen que seguir las reglas como un empleado de Nike.”

“Me reservo mis derechos, sin perjuicio UCC 1-308”

Este es el estado de cosas en el planeta tierra. Actos y prácticas engañosas. Este es el mismo sistema que el ahora reconciliados Una Confianza Pública Única (Confianza Pública único Pueblo de utilizar para ejecutar la hipoteca de todos los bancos) utiliza para ejecutar la hipoteca de todos los bancos y corporaciones que se hacen pasar como Gobierno a finales de 2012.

Es importante entender nuestra sociedad se basa principalmente en estas ofertas presuntivos para contratar. El IRS (Seguridad Social) es un buen ejemplo de una organización ilegal presuntiva. Afirma la presunción de que son unos contribuyentes cuando en todos los estados de los EE. UU., todos son todos contribuyentes y pagan impuestos al gobierno concediéndole ese privilegio; es decir, se convierten en agentes del gobierno o que se ganan los ingresos de manera que haya sido habilitados por el gobierno (impuesto sobre la vivienda, o de los ingresos ganados en el extranjero, por ejemplo).

Esto es lo que, sin prejuicio UCC 1-308 del UCC significa:

1-308. Rendimiento o Aceptación bajo reserva de derechos.

El método de la articulación parece intencionalmente críptica – que están tratando de ocultar el significado a la vista; vamos a analizar. “Reserva explícita de derechos”, que haga una declaración, al igual que lo hacen declaraciones, que sus derechos son totalmente suyo sin ninguna presunción en contrario. “Realiza o la realización promesas o asiente en el rendimiento de una manera exigieron u ofrecidos por la otra parte” significa, si usted consigue engañados u obligados a un acuerdo – incluso si usted no era consciente de ello – el acuerdo no será exigible en virtud de la UCC sistema, si valer sus derechos con anterioridad – “. Sin perjuicio UCC 1-308”

A.- La parte que, con reserva explícita de los derechos realiza o se compromete el rendimiento o dictámenes conformes con el rendimiento de una manera exigió u

ofrecido por la otra parte no perjudique con ello los derechos reservados. Palabras

tales como “sin perjuicio”, “bajo protesta”, o similares son suficientes.

Hay presunciones para contratar todas partes en la sociedad. La UCC está diseñada para actuar sobre la base de declaraciones, que por la ONU, van refutadas, y luego se convierten en exigibles.

La transparencia es nuestro mejor amigo.

Las actividades de la Corporación Privada España, y las corporación Gobierno de Cantabria y las otras corporaciones privadas, no pueden obligar a ningún ser humano (que somos todos) a contratar sus servicios, dado que carecen de legitimidad para obligar a admitir sus servicios, y lo hacen en fraude de ley (Engaño Bastante) en la que la otra parte a los que ellos llaman ciudadanos desconocen sus derechos porque no saben que son libres para elegir o no, o son coaccionados a admitir unas actuaciones que presuntamente rallan el gansterismo, usando a empleados que llaman públicos, para esas actuaciones, incluida a la policía, que no deja de ser meros agentes de paz, pero que se usan como elementos coactivos para imponer el criterio del poder de la Corporación sobre el resto de los seres humanos que habitan un territorio.

Dado que la Corporación España, y el resto de sus filiales, cotizan en la bolsa de New York, es evidente que las actuaciones pueden ser juzgadas mediante la Common Law o Corporation Law por los Tribunales Federales de EEUU.

Queda claro, que los servicios de la Corporación España y sus filiales, no se pueden imponer a los seres humanos a los que se les llama Ciudadanos, dentro del territorio al que se llama España, dentro de la península Ibérica o Iberia.

Teniendo como esencial de los derechos del Hombre (hombres y mujeres), La Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución

217 A. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Teniendo en cuenta la prelación de normas en el ordenamiento jurídico español, dentro del propio tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, se determina:

RANGOS – JERARQUIAS NORMATIVAS

Sobre que Rango Normativo rige en el derecho positivo español, es evidente por el tratado de Lisboa (Tratado de funcionamiento de la Unión Europea) y el tratado de Niza (Carta de los Derechos de los ciudadanos de la U.E.).

Primero: DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS y EL Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluye las modificaciones introducidas por el Protocolo número 11, relativo a la reestructuración de los mecanismos de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» número 152, de 26 de junio de 1998) y el Protocolo número 14, por el que se modifica el mecanismo de control establecido por el Convenio («Boletín Oficial del Estado» número 130, de 28 de mayo de 2010) y que entró en vigor el 1 de junio de 2010:

Segundo: Tratado de Funcionamiento de la UE, Carta de los derechos humanos de la UE, y además de las directivas y reglamentos de la UE, el Estatuto de Roma, La Convención de los entre otros.

Tercero: Constitución, aunque otros meten el tramo segundo dentro del bloque constitucional. Pero el TJUE de Luxemburgo antepone el derecho comunitario al derecho español

Cuarto: Leyes, que pueden ser orgánicas u ordinaria

Quinto: Leyes marco: facultad de dictar normas legislativas para las Comunidades Autónomas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por la ley estatal:

150.1 CE.

-Leyes de armonización de las disposiciones normativas de las CCAA, por interés general: 10.3 CE.

  • Leyes autonómicas: se articulan con las del Estado en virtud del principio de COMPETENCIA, y NO POR EL DE JERARQUÍA (perspectiva horizontal en lugar de vertical)

-Leyes presupuestarias (estatal y autonómicas): Ley de Presupuestos Generales del Estado, 134 CE, SSTC 27/1981, 76/1992, 195/1994.

(Método de las “leyes de acompañamiento”, de medidas administrativas, fiscales o sociales y con otras denominaciones: Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad)

  • DECRETOS LEYES, art. 86 CE
  • DECRETOS LEGISLATIVOS (legislación delegada) Estatales o autonómicos: arts. 82-85 CE y 44 EAAr.

Sexto- Normas de rango inferior a la Ley (reglamentos)

  • Concepto: Disposiciones administrativas de carácter general y rango inferior a la ley (arts. 9.3, 103 y 97CE), vinculantes desde su publicación, que reúnen las siguientes características: contenido abstracto y General, preceptivo o normativo, destinatarios indeterminados o, cuando menos, plurales; vigencia Indefinida.
  • Titulares de la potestad reglamentaria = las distintas Administraciones públicas: 97 y

106.1 CE

  • ámbito estatal: arts. 4, 5, 23 LGob, 12.2 a) LOFAGE: Consejo de Ministros (Real Decreto); Ministros (Orden Ministerial)
  • ámbito autonómico: art. 53.1 EAAr, preceptos homólogos de las legislaciones autonómicas: Consejos de Gobierno (Decretos), Consejeros (Órdenes)
  • ámbito local: arts. 4.1 a), 22.2 d) y 33,2 b) LRBRL: Municipios y Provincias: Pleno (Reglamento orgánico y Ordenanzas locales); Alcalde: 21.1. e) y 84.1.a) LRBRL excepcionalmente en caso de catástrofe o similar (Bando)

-Algunas Administraciones instrumentales y las independientes gozan de una potestad regulatoria (ejs. Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: STC 133/1997, de 16 de julio, y SAN de 21 de octubre de 2001), y ciertos órganos constitucionales del Estado. Sobre ciertas materias (CGPJ, arts. 107.9 y 110 LOPJ: CGPJ).

Séptimo: – Principios de la potestad reglamentaria: jerarquía (entre reglamentos y con respecto a la ley); legalidad (reglamento no puede regular materias sometidas a reserva de Ley, material o formal); inderogabilidad singular (las Administraciones, aun siendo autoras de reglamentos, no pueden vulnerarlos con actos singulares (52. 2 LAP), derivado de prohibición constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que impide cualquier privilegio o dispensa no justificada (art. 9. 3 CE), publicidad (52.1 LAP).

Octavo: -Clases de reglamentos

  1. por su naturaleza, normativos (ad extra) y organizativos (ad intra)
  • por su relación con la ley, ejecutivos (o de desarrollo), independientes, y de necesidad. c) por sus titulares, estatales, autonómicos, locales, institucionales;
  • por su jerarquía: Decretos, Ordenes; Resoluciones, Circulares e Instrucciones (proceden de órganos Administrativos directivos -arts. 11.2 y 15 a 19 LOFAGE-, proporcionan directrices de actuación, órdenes Individualizadas o genéricas de servicio

a los órganos y las unidades administrativas inferiores. El TC ha señalado que son o no instrumentos normativos según su objetivo, contenido y órgano del que emanan (STC 20 de diciembre de 1988).

  • Impropios (no son reglamentos, pero cumplen una función muy semejante): Instrumentos

Administrativos calificados como tales por la jurisprudencia: planes elaborados por las AAPP (Hidrológico De Cuenca, urbanísticos y de ordenación territorial, de protección ambiental), bases de concursos y Convocatorias públicas, relaciones de puestos de trabajo…

  • Procedimiento de elaboración: arts. 9.2 in fine, 23.1 y 105. a) CE. Claves participativas de la Configuración de la producción normativa de las AAPP. Procedimiento BÁSICO vs ESPECIALES:

I.-ESTATAL: art. 24 LGob: Consejo Ministros (Real Decreto); Ministros (Orden Ministerial).

II. AUTONOMICOS: preceptos homólogos de las legislaciones autonómicas: Consejos de Gobierno (Decretos). Procedimiento autonómico de elaboración reglamentaria: Aragón (arts. 47-50 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón)

III.-LOCAL (arts. 4.1 a), 22.2 d), 33.2 b) y 49 LRBRL). Municipios y Provincias: Pleno (Reglamento orgánico y Ordenanzas locales); Alcalde (Bando)

IV.- OTROS (Los reglamentos de las Administraciones instrumentales y las independientes –CNMV, CMT, CGPJ-, y los reglamentos impropios (planes elaborados por la AAPP, bases de concursos y convocatorias Públicas, relaciones de puestos de trabajo…): REGULACIÓN ESPECÍFICA.

  • Validez de los reglamentos: art. 62.2 LRJAP y formas de impugnación (LJCA)

Teniendo en cuenta la publicación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil., Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Todas estas normas fueron publicadas por la Corporación España, fuera de una cobertura de derecho público, y relacionadas con la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. En donde bajo una supuesta apariencia de legalidad institucionalizada y estatalizada, se esconde una apariencia real tribunales de arbitraje, que eran las pretensiones originales de las reformar legislativas que también podemos llamar normas y servicios de la Corporación Privada España, por delegación de la Corporación, U.E. que tiene el control de la Corporación España.

Informa Freeman: “En 1938, todos los jueces superiores, los mejores abogados y los abogados estadounidenses fueron llamados a una reunión secreta y esto es lo que les dijeron:

América es una nación en quiebra – que es propiedad completamente de sus acreedores. Los acreedores son dueños del Congreso, que poseen el Ejecutivo, que poseen el poder judicial y que poseen todos los gobiernos de los estados.

Silencio en el sumario de este hecho, pero nunca debe revelarse abiertamente. La corte está operando en una jurisdicción marítima – lo llaman como quieras, pero no lo llame Almirantazgo.

TRIBUNALES Almirantazgo:

La razón por la que no se puede llamar jurisdicción marítima es que su defensa sería muy diferente en jurisdicción marítima de su defensa de conformidad con la Ley Común. En Tribunal Almirantazgo, no hay tribunal que tenga jurisdicción a menos que exista un contrato internacional válido en disputa. Si usted sabe que es jurisdicción marítima, y que se han admitido en el expediente que se encuentra en Corte de Almirantazgo, puede exigir que el contrato marítimo internacional, a la que se suponen que son una de las partes, y que supuestamente ha roto, se colocará en la evidencia.

Ningún tribunal tiene jurisdicción Almirantazgo / Marítima a menos que exista un contrato marítimo internacional válido que ha sido violada.

Así que decir, simplemente inocentemente como un cordero,

“Bueno, yo no sabía que me involucré con un contrato marítimo internacional, por lo que, de buena fe, niego la existencia de un contrato de este tipo. Si esta corte está tomando la jurisdicción de almirantazgo, a continuación, de conformidad con la sección 3-501 del UCC, (La presentación), el fiscal no tendrá dificultades para colocar

la [presunta] contrato como prueba, de modo que pueda examinar y desafío [posiblemente] la validez del contrato”.

Lo que tendrían que hacer es colocar la deuda nacional como prueba. Tendrían que admitir que los banqueros internacionales poseen toda la nación, y que somos sus esclavos.

Law/Derecho “Natural Comercial”:

Derecho común se basa en la ley de Dios. Cada vez que alguien es acusado bajo la ley común, tiene que haber una parte perjudicada. Usted es libre bajo la ley común para hacer cualquier cosa que quiera, siempre y cuando no atentan contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona. Usted tiene el derecho de hacer el ridículo siempre que no atentan contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona. La ley común no permite ninguna acción gubernamental que impide que un hombre de hacer el ridículo. Por ejemplo, cuando se cruza sobre las líneas de estado en la mayoría de los estados, usted verá un cartel que dice: “ABROCHENSE el cinturón de seguridad

  • es LA LEY. “Esto no puede ser ley común, porque ¿a quién dañar si no se abrocha el cinturón? Nadie. Este sería el rendimiento obligado. Pero la ley común no puede exigir el cumplimiento. Cualquier violación de la Ley Común es un acto criminal, y se castiga.

Ley de Equidad:

Ley de Equidad es la ley que obliga a rendimiento. Se obliga a llevar a cabo a la letra exacta de cualquier contrato que usted es menor y parte. Por lo tanto, si usted es obligado por rendimiento, tiene que haber un contrato en alguna parte, y que se ven obligados a llevar a cabo bajo la obligación del contrato. Ahora bien, esto sólo puede ser una acción civil – no penal. En juicio de equidad, no puede ser juzgado penalmente, pero puede ser obligado a realizar a la carta de un contrato. Si a continuación se niegan a realizar según las indicaciones de la corte, puede ser acusado de desacato, que es una acción criminal. ¿Son nuestras leyes de cinturón de seguridad, leyes sobre la igualdad? No, no lo son, porque no puede ser penalizado o castigado por no cumplir con la letra de un contrato.

Leyes Marítimas del Ministerio de marina:

Esta es la jurisdicción civil de cumplimiento forzoso, que también tiene sanciones penales por no adherirse a la letra del contrato, pero esto sólo se aplica a los contratos internacionales. Ahora podemos ver lo que la jurisdicción de las leyes de cinturón de seguridad (todos los códigos de tráfico, etc.) están bajo. Cada vez que se aplica una

penalización por incumplimiento (por ejemplo, insuficiencia deliberadamente, de presentar), es decir / Derecho Marítimo del Ministerio de marina y tiene que haber un contrato internacional válido en vigor.

Sin embargo, los tribunales no quieren admitir que están operando bajo las jurisdicciones Almirantazgo / Marítima (Admiralty/Maritime), por lo que tomaron la ley o la Ley de comerciante internacional y adoptados en nuestros códigos. Eso es lo que el Tribunal Supremo decidió en el caso del ferrocarril de Erie – que las decisiones se basarán en el derecho comercial o derecho de los negocios y que tendrán sanciones penales asociados a ella. Desde que fueron instruidos para no llamarlo, jurisdicción marítima, lo llaman competencia de principio.

TRIBUNALES DE CONTRATO:

Debe preguntar cómo llegamos a esta situación en la que se puede encargar de la no utilización del cinturón de seguridad y ser multados por ello. ¿No es el juez jurado para sostener la Constitución? Si él es. Pero hay que entender la Constitución, en el artículo I, § 10, nos da el derecho ilimitado a contratar, siempre que no atentan contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona. Los contratos son ejecutables, y la Constitución le da dos jurisdicciones en las que contratos se cumplen – la equidad o de Almirantazgo. Pero nos encontramos con ellas en competencia de principio. Esta es la parte embarazoso para los tribunales, pero podemos usar esto para la caja de los jueces en una esquina en sus propios tribunales. Cubriremos esto más tarde.

Los contratos deben ser voluntarios:

Bajo la ley común, todo contrato debe contraerse a sabiendas, voluntariamente, e intencionalmente por ambas partes o es nula e inaplicable. Estos son característicos – debe basarse en sustancia. Por ejemplo, los contratos utilizan para leer, “por un dólar y otras consideraciones valiosas, voy a pintar su casa, etc, que era un contrato válido

  • el dólar era un auténtico dólar, plata. Ahora, supongamos que usted escribió un contrato que decía: “Por un billete de la Reserva Federal y otras consideraciones, voy a pintar su casa….” Y supongamos, por ejemplo, he pintado su casa el color equivocado.

¿Podría entrar en un tribunal de derecho común y que se haga justicia? No, no podría. Usted ve, una nota de la Reserva Federal es un “verosímil” 1 dólar, ya que no tiene sustancia, y en una jurisdicción de derecho común, que el contrato sería inaplicable.

La palabra “plausible” significa algo que parece ser genuino, pero no lo es. Tal parece que un dólar, y tal vez lo que gasta como un dólar, pero si no es canjeable por dinero legal (oro o plata) que es “plausible”. Si una Reserva Federal Nota se utiliza en un contrato, entonces el contrato se convierte un contrato “plausible”. Y los contratos “verosímiles” deben aplicarse bajo una jurisdicción “plausible”. Así que mediante la creación de billetes de la Reserva Federal, el gobierno tuvo que crear una jurisdicción para cubrir los tipos de contratos que los utilizan. Ahora tenemos lo que se llama competencia de principio, que no es una verdadera jurisdicción del Ministerio de marina.

Que es coloreable: Aquello que es sólo en apariencia, y no en la realidad, lo que pretende ser, por lo tanto, falso, fingido tiene la apariencia de la verdad. Diccionario de la ley de negro, sexta edición.

Se trata de “verosímil” jurisdicción marítima los jueces están haciendo cumplir porque estamos usando “dinero coloreable.” Almirantazgo coloreable ahora se conoce como competencia de principio. Vamos a ver cómo llegamos a su jurisdicción legal.

CODIGO COMERCIAL UNIFORME:

El gobierno estableció un sistema de derecho “plausible” para adaptarse a la moneda “plausible”. Lo que solía ser llamado el comerciante Ley o la Ley de Instrumentos rescatables, por tratarse de papel, que era canjeable en algo de sustancia. Pero, una vez que los billetes de la Reserva Federal se había convertido en irredimible, tenía que haber un sistema de derecho que era completamente “verosímil” de principio a fin, este sistema de derecho se codificó como el Código Uniforme de Comercio, y ha sido adoptado en todos los estados. Esta es la ley “plausible”, y se utiliza en todos los tribunales.

Me explicó una de las claves anteriores, que es que el país está en quiebra y no tenemos derechos. Si el maestro dice “Jump!”, Entonces el esclavo tenía un mejor salto, porque el maestro tiene el derecho de cortar la cabeza. Como esclavos no tenemos derechos. Pero los acreedores / maestros tenían que cubrir eso, por lo que crearon un sistema

de ley llamado el Código Uniforme de Comercio. Esta jurisdicción “plausible” bajo el

Código Uniforme de Comercio es la siguiente clave para entender lo que pasó.

Contrato o acuerdo

Una diferencia entre el derecho común y el Código Uniforme de Comercio es que en el Derecho Común, los contratos deben ser incluidos en (1) a sabiendas, (2) de forma voluntaria, y (3) intencionalmente.

Bajo el U.C.C., esto no es así. En primer lugar, los contratos son innecesarios. Bajo esta nueva ley, “acuerdos” pueden ser vinculantes, y si sólo se ejercita los beneficios de un “acuerdos”, se presume o implícita de que tiene la intención de cumplir con las obligaciones asociadas con esos beneficios. Si acepta un beneficio ofrecido por el gobierno, a continuación, usted está obligado a seguir, a la carta, todos y cada uno de estatuto involucrado con ese beneficio. El método ha sido conseguir que todo los que ejerzan un beneficio, y que ni siquiera tenga que decirle a la gente lo que es el beneficio. Algunas personas piensan que es la licencia de conducir, la licencia de matrimonio o el certificado de nacimiento, etc. Creo que es ninguno de ellos.

BENEFICIO obligado:

Creo que el beneficio que se utiliza es que se nos ha dado el privilegio de liberación de deuda de responsabilidad limitada, en lugar de pagar la deuda. Cuando pagamos una deuda, damos sustancia para la sustancia. Si compro un litro de leche con un dólar de plata, ese dólar compró la leche y la leche que se compra el dólar – sustancia para la sustancia. Pero si uso una Nota de la Reserva Federal para comprar la leche, no he pagado por ello. No hay sustancia en la Reserva Federal Nota. Es papel sin valor determinado a cambio de algo de valor sustantivo. El Congreso nos ofrece este beneficio:

El dinero de la deuda, creado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, puede ser gastado en todo los Estados Unidos de América, va a ser de curso legal para todas las deudas, públicas y privadas, y la responsabilidad limitada es que no puede ser demandado por no pagar su deuda.

Así que ahora que han dicho, “Nos va a ayudar a salir, y usted puede simplemente cumplir con sus deudas en lugar de pagar sus deudas.” Cuando usamos este dinero “plausible” para cumplir con nuestras deudas, no podemos utilizar un tribunal de derecho común. Sólo podemos utilizar un tribunal “plausible”. Estamos

completamente bajo la UCC, utilizando instrumentos negociables no rescatables y estamos liberadores de la deuda en lugar de pagar la deuda.

RECURSO Y REMEDIO:

Cada sistema de la ley civilizada debe tener dos características: Remedio e interposición de recursos. Remedio es una manera de salir de debajo de esa ley, y recuperar su pérdida. La Ley Común, la Ley comerciantes, e incluso el Código Uniforme de Comercio todos tienen remedio y el recurso, pero durante mucho tiempo no pudimos encontrarlos. Si usted va a una biblioteca legal y pida ver el Código Uniforme de Comercio, se le mostrará un estante de libros completamente llenos del Código Uniforme de Comercio. Cuando usted toma un volumen y empieza a leerlo, parecerá haber sido escrito intencionalmente para ser confuso. Nos llevó mucho tiempo para descubrir que el remedio y el recurso se encuentran en su UCC. Se encuentran justo en el primer volumen, al 1-308 (antiguo 1-207) y 1-103.

REMEDIO:

La realización de una reserva válida de Derechos conserva todos los derechos que la persona posee entonces, y evita la pérdida de tales derechos mediante la aplicación de conceptos de renuncia o impedimento. (UCC 1-308 (antiguo 1-207) .7)

Es importante recordar cuando entramos en un tribunal que nos encontramos en una jurisdicción internacional comercial. Si nos vamos a la corte y decir: “Exijo mis derechos constitucionales”, el juez más probable es que va a decir, “Usted menciona la Constitución de nuevo, y te voy a denunciar en desacato!”¡Entonces no entendemos cómo se puedo hacer eso. ¿No ha jurado defender la Constitución? La regla aquí es: no se puede iniciar una demanda bajo una jurisdicción, y defender con arreglo a otro.

Por ejemplo, si el gobierno francés vino a usted y le preguntó dónde presentó su declaración de impuestos de Francia en un determinado año, vas al gobierno francés y dice: “Exijo mi derecho constitucional” No. La respuesta correcta es: LA LEY NO SE APLICA A MÍ – No soy un francés. Debe realizar su reserva de derechos en virtud de la jurisdicción en la que se le cobra – no bajo alguna otra jurisdicción. Así, en un tribunal de la UCC, debe reclamar su reserva de derechos bajo (de conformidad con) la [su]

U.C.C. 1-308 (antiguo 1-207).

UCC 1-308 (antiguo 1-207) pasa a decir:

Cuando un derecho o reclamo puede renunciar al mismo y está involucrado, el hecho de no hacer una reserva de este (demanda), provoca una pérdida de ese derecho y prohíbe su reclamación en una fecha posterior. (UCC 1-308 (antiguo 1-207) 0.9)

Usted tiene que hacer su reclamación antes de su prescripción legal (prescripción en derecho positivo español). Además, se dice:

La suficiencia de la Reserva – Cualquier expresión que indica una intención de reservarse derechos (notificación para reclamación), es suficiente, como (UCC 1-308 (antiguo 1-207) .4) “sin perjuicio”.

SIN PERJUICIO:

De conformidad con el UCC 1-308

Cuando vea “sin perjuicio” UCC 1-308 en relación con su firma, que dice:

“Me reservo mi derecho a no ser obligado a realizar bajo cualquier contrato, acuerdo comercial o quiebra que no entré a sabiendas, voluntaria y deliberadamente.

Y, además, no lo sé y no aceptará la responsabilidad de la prestación obligado de cualquier contrato o acuerdo comercial no revelado o la quiebra “.

Si usted quiere entender esto plenamente, ir a una biblioteca de derecho y reproducir estas dos secciones de la UCC. Es importante conseguir el Anderson [Anderson, Código Uniforme de Comercio, Abogados Cooperativa Publishing Company] edición.

Algunas de las bibliotecas de la ley sólo tendrán la versión de West Publishing, y es muy difícil de entender. En Anderson, que se descompone con decimales en diez partes, y lo más importante, está escrito en inglés llano.

Que en la declaración universal de los derechos humanos de 1.948 se establecía por el Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

El artículo 4 es claro: nadie tiene derecho a hacernos esclavos y no podemos hacer que nadie sea nuestro esclavo. Pero si pensaba que la esclavitud desapareció con el fin del comercio transatlántico de esclavos en 1800, hoy en día y con la UCC de forma fraudulenta y su uso volvió a convertir en esclavos a toda la humanidad.

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

Adhesión de la Unión Europea al Convenio:

La Unión Europea incorporó el mandato de la adhesión al Convenio, en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (en los términos establecidos por su Protocolo N.º. 8) en su versión consolidada tras las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007.

En el Artículo 1 se reconocen los derechos humanos. En el Artículo 2 se regula el derecho a la vida, en el Artículo 3 se prohíbe la tortura, y en el Artículo 4, se prohíbe la esclavitud y el trabajo forzado, Artículo 5, Derecho a la libertad y seguridad, Artículo 6, Derecho a un proceso equitativo, Artículo 7, No hay sin ley. Artículo 8, Derecho al respecto a la vida privada y familiar.

Y se debe tomar nota: Artículo 17, Prohibición del Abuso del Derecho, y Artículo 18, Limitación de la aplicación de las limitaciones del derecho.

La existencia de la Corte Penal Internacional

Creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. El nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y, tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala en 2010, del crimen de agresión en el caso de aquellos países que hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión.

De acuerdo con el Artículo 7 del Estatuto de Roma, y a los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Esclavitud, Tortura, Violación, Desaparición forzada de personas, y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, etc.

La Corporación España y sus filiales, al redactar sus normas de empresa, o condiciones generales de contratación, y bajo la fórmula de la UCC, someten a parte de la población a la esclavitud usando artificios jurídicos y jurisdiccionales con engaño bastante a personas sin los conocimientos jurídicos pertinentes para poderse defender, dado y aquí hay que mencionarlo, en los estudios jurídicos en España, no se forman a

las estudiantes suficientemente en la Common Law o en derechos humanos, es evidente que no pueden ejercer una labor eficaz para la defensa de la población.

La Corte Penal Internacional sentencia que ningún gobierno tendrá poder, autoridad o jurisdicción sobre Fideicomisos, cuentas, subcuentas o cuentas referidas, cuentas colaterales, activo, etc., ajenos, en consecuencia otorga inmunidad e indemnización.

https://drive.google.com/file/d/1uA4DFI2Z0UHx0AttQxW89Ex63uh4sNk0/view?usp=s haring

Esta es la Sentencia de la Corte Penal Internacional del 9 de Octubre del 2.017, la cual prohíbe a la Corporación España y sus filiales, y que anula la Autoridad para usar Fideicomisos y similares.

En base al CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADATRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS.

Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La Corporación España y sus corporaciones filiales, han estado usando durante años las sociedades mercantiles de Servicios Sociales, para usar por las vías de hecho la retirada de los menores a sus padres, generalmente familias con bajos recursos económicos y sin posibilidades de capacidad de defensa frente al poder de las Corporaciones privadas actuando como públicas como ya se ha demostrado, o en otros casos amparados en graves casos de corrupción como ya conocemos y tenemos pruebas de ello.

Relación contractual nula, y de acuerdo con la ley o la UCC, esa entidad de Asuntos Sociales no tiene capacidad legal para demandarla.

Las actuaciones de los servicios sociales en toda España, no dejan de ser a ojos de la legislación internacional de derechos humanos, una presunta organización criminal que mueve en España más de 5.800 millones anuales, con un supuesto total de 44.000 menores tutelados, y que supone para los centros de menores y todo su organigrama de una media de 15.000 euros/menor/mes.

Esta convención de la ONU, dio lugar a que la UE se esté reforzando continuamente en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Desde 2018, la UE cuenta con normas más sólidas de lucha contra el blanqueo de capitales. Estas normas dificultan la ocultación de fondos ilegales en tramas de empresas ficticias y refuerzan los controles a terceros países de riesgo. También refuerzan la función de las autoridades de supervisión financiera y mejoran el acceso a la información y su intercambio.

En diciembre de 2019, el Consejo adoptó prioridades estratégicas para seguir reforzando el marco de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó como seguimiento un plan de acción que establece las medidas que llevará a cabo durante los próximos doce meses para mejorar el refuerzo, la supervisión y la coordinación de las normas de la UE en este ámbito.

No hay que explicar, que toda aquella acción ya sea en una supuesta administración o en un tribunal de justicia (Corporación) con la que se obtengan ganancias o beneficios, supone un delito de blanqueo de capitales en toda regla.

¿A quiénes se les puede implicar? Irremediablemente todos los empleados de estas sociedades llamadas Servicios Sociales, tienen una implicación directa o muy directa con implicaciones de acuerdo con la normativa de la ONU como gravemente penales.

Así mismo como ha quedado demostrado lo que se llama Sistema Judicial Español, depende de una estructura empresarial, y hasta el propio presidente actual del CGPJ, admite que los españoles son consumidores de justicia, en un libro editado por el mismo.

Lo mismo pasa con el ministerio fiscal, que tiene número de DUNS y forma parte de la corporación España en su conjunto.

En cuando a lo que se conoce como nivel político, el ex presidente del Congreso de los Diputados, ex ministro de defensa, y ex presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y la Mancha, D. José Bono reconoció en TVE en una entrevista reciente, que el entró a trabajar en una Corporación, y que el ex presidente Rajoy decía que había entrado a trabajar en un Casino.

Como ya se comentó anteriormente en este escrito, en el año 1985 se implementó la Ley de Bases de Administraciones Pública y de Régimen Local, en donde los ayuntamientos pasaron a ser corporaciones/Trusts de ley internacional relacionados con el Tratado de Roma, (UCC)

En donde se implementan única y exclusivamente corporaciones de dicho tratado, que es igual a ley internacional, dichas corporaciones son llamadas: Personas Físicas y Personas Jurídicas. Si vamos a la web de los DUNS, todos los juzgados y tribunales en España son corporaciones privadas.

Y ya se ha mencionado la Sentencia de la Corte Penal que prohíbe el uso de los fideicomisos en Sentencia del año 2.017.

De hecho se ha denunciado de forma reiterada que el poder de estos fideicomisos o Trust están controlados por sociedades secretas, lo cual nos hace presuponer que son sociedades de presunto crimen organizado.

Bajo el principio la fórmula especifica que: No Contract Return To Sender, significa que: No hay contrato ni tratado internacional, ni consentimiento: no te reconozco; devolver al Remitente.

Se basa en el principio de: Consensus faces legem = consent makes law/El consentimiento hace la ley; sin consentimiento, no hay ley), si aceptas, consientes de facto, si devuelves al Remitente, rechazas la oferta/factura/servicio que te ofrecen, por ejemplo: Si te das de alta en el Agua, y no hay contrato, no hay legalmente nada:

La Empresa Municipal de Aguas es una Corporación, solo se trata con corporaciones mediante comercio/contrato, tú solo has ido a dar de alta el agua, no a hacer negocio, por tanto no hay contrato, no hace falta pagar la factura (quien la paga lo hace encantado o es tonto).

Para Fórmula Española, esperar unos días, pero la mayoría de estos pasos/procesos se basan en la lógica de: consensus faces legem y el principio de que con las corporaciones se habla el lenguaje contractual (contrato, claro, de buena fe “full disclosure”).

Sin contrato – Devolver al remitente –

Hay dos herramientas simples de la denuncia legal: 1, las declaraciones juradas, que básicamente le dicen al jefe del reino ‘No más sin sentido’ y 2, ningún contrato: Devolver al remitente (NCRTS) que básicamente significa que no tengo ningún deseo de contratar con usted (para participar en la estafa).

El objetivo es muy claro; no queremos ni tenemos que contratar con ninguna persona o corporación con la que no deseamos contratar.

El proceso NCRTS es la acción necesaria para demostrar que queremos decir lo que decimos, es decir, andar el camino en lugar de que sólo hablar. Dijimos ‘no’ y queremos decir “NO”.

Todas las corporaciones, como los tribunales, departamentos gubernamentales, policía, ayuntamientos, bancos, etc, trabajan bajo una estructura política corporativa, trabajando dirigidos por políticas (contratos). Todo lo que hacen tiene que caer dentro de esta estructura y no pueden estar fuera de ella. Cualquier cosa que le requieran que haga únicamente lo consiguen haciendo que usted está de acuerdo en hacerlo. Alcanzan su acuerdo ofreciéndole documentos (formularios).

Mediante su aceptación de estos documentos ellos pueden ver que usted está de acuerdo con el contrato, por lo general en su tercera solicitud. Una vez que usted haya acordado, se verá atrapado en la estructura legal de dichos acuerdos, a consecuencia de esto es que sólo le ofrecen un recurso legal y nada más, a pesar de que sí existe el poder de decir “NO”.

En diciembre de 2019, el Consejo adoptó prioridades estratégicas para seguir reforzando el marco de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó como seguimiento un plan de acción que establece las medidas que llevará a cabo durante los próximos doce meses para mejorar el refuerzo, la supervisión y la coordinación de las normas de la UE en este ámbito.

No hay que explicar, que toda aquella acción ya sea en una supuesta administración o en un tribunal de justicia (Corporación) con la que se obtengan ganancias o beneficios, supone un delito de blanqueo de capitales en toda regla.

¿A quiénes se les puede implicar? Irremediablemente todos los empleados de estas sociedades llamadas Servicios Sociales, tienen una implicación directa o muy directa con implicaciones de acuerdo con la normativa de la ONU como gravemente penales.

Así mismo como ha quedado demostrado lo que se llama Sistema Judicial Español, depende de una estructura empresarial, y hasta el propio presidente actual del CGPJ, admite que los españoles son consumidores de justicia, en un libro editado por el mismo.

Lo mismo pasa con el ministerio fiscal, que tiene número de DUNS y forma parte de la corporación España en su conjunto.

En cuando a lo que se conoce como nivel político, el ex presidente del Congreso de los Diputados, ex ministro de defensa, y ex presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y la Mancha, D. José Bono reconoció en TVE en una entrevista reciente, que el entró a trabajar en una Corporación, y que el ex presidente Rajoy decía que había entrado a trabajar en un Casino.

Como ya se comentó anteriormente en este escrito, en el año 1985 se implementó la Ley de Bases de Administraciones Pública y de Régimen Local, en donde los ayuntamientos pasaron a ser corporaciones/Trusts de ley internacional relacionados con el Tratado de Roma, (UCC)

En donde se implementan única y exclusivamente corporaciones de dicho tratado, que es igual a ley internacional, dichas corporaciones son llamadas: Personas Físicas y Personas Jurídicas. Si vamos a la web de los DUNS, todos los juzgados y tribunales en España son corporaciones privadas.

Y ya se ha mencionado la Sentencia de la Corte Penal que prohíbe el uso de los fideicomisos en Sentencia del año 2.017.

De hecho se ha denunciado de forma reiterada que el poder de estos fideicomisos o Trust están controlados por sociedades secretas, lo cual nos hace presuponer que son sociedades de presunto crimen organizado.

Bajo el principio la fórmula especifica que: No Contract Return To Sender, significa que: No hay contrato ni tratado internacional, ni consentimiento: no te reconozco; devolver al Remitente.

Se basa en el principio de: Consensus faces legem = consent makes law/El consentimiento hace la ley; sin consentimiento, no hay ley), si aceptas, consientes de facto, si devuelves al Remitente, rechazas la oferta/factura/servicio que te ofrecen, por ejemplo: Si te das de alta en el Agua, y no hay contrato, no hay legalmente nada: La Empresa Municipal de Aguas es una Corporación, solo se trata con corporaciones mediante comercio/contrato, tú solo has ido a dar de alta el agua, no a hacer negocio, por tanto no hay contrato, no hace falta pagar la factura (quien la paga lo hace encantado o es tonto).

Para Fórmula Española, esperar unos dias, pero la mayoría de estos pasos/procesos se basan en la lógica de: consensus faces legem y el principio de que con las corporaciones se habla el lenguaje contractual (contrato, claro, de buena fe “full disclosure”).

Sin contrato – Devolver al remitente –

Hay dos herramientas simples de la denuncia legal: 1, las declaraciones juradas, que básicamente le dicen al jefe del reino ‘No más sin sentido’ y 2, ningún contrato: Devolver al remitente (NCRTS) que básicamente significa que no tengo ningún deseo de contratar con usted (para participar en la estafa).

El objetivo es muy claro; no queremos ni tenemos que contratar con ninguna persona o corporación con la que no deseamos contratar.

El proceso NCRTS es la acción necesaria para demostrar que queremos decir lo que decimos, es decir, andar el camino en lugar de que sólo hablar. Dijimos ‘no’ y queremos decir “NO”.

Todas las corporaciones, como los tribunales, departamentos gubernamentales, policía, ayuntamientos, bancos, etc, trabajan bajo una estructura política corporativa, trabajando dirigidos por políticas (contratos). Todo lo que hacen tiene que caer dentro de esta estructura y no pueden estar fuera de ella. Cualquier cosa que le requieran que haga únicamente lo consiguen haciendo que usted está de acuerdo en hacerlo. Alcanzan su acuerdo ofreciéndole documentos (formularios).

Mediante su aceptación de estos documentos ellos pueden ver que usted está de acuerdo con el contrato, por lo general en su tercera solicitud. Una vez que usted haya acordado, se verá atrapado en la estructura legal de dichos acuerdos, a consecuencia de esto es que sólo le ofrecen un recurso legal y nada más, a pesar de que sí existe el poder de decir “NO”.

Dejamos claro que no se quiere negociar con esa estructura judicial de Cantabria, que es una entidad privada. NO ES NO. Pero no queremos negociar con la juzgadora MARTA SOLANA COBOS.

No aceptando la documentación, se rompe el proceso y mantenido su posición original y ellos no pueden hacer nada. Tienen que conseguir que se acepten sus formas (trámites), para que el proceso sea válido. Sin validación, todos los procesos se detienen, la estafa es simplemente no informarle de este hecho.

De acuerdo con la UCC y la ley común se llama dar a luz a un ser vivo, a romper aguas, por el cual nace el ser humano.

Los Gobiernos son Corporaciones. El fenómeno de Gobierno Corporativo, no sólo es

demostrado por la manera en que “los gobiernos” se comportan como Beneficiarios

(no como Fideicomisarios) del gobierno en Fideicomiso, sino que los registros también lo demuestran! Los Estados Unidos, Canadá, Australia, El Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Japón, Sudáfrica… y la lista sigue… todos son entidades corporativas con sede en EE.UU., registradas como tal en la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission)… y funcionando como tal a nuestra costa. “El sistema” es oligárquico en naturaleza ya que está dirigido sólo para beneficiar “a los pocos”, mientras que el resto de nosotros trabajamos para apoyarlo.

Las personas son Corporaciones. Al nacer, una solicitud de certificado de nacimiento es firmada por sus padres, que es utilizada por el Gobierno Corporativo para comenzar un Fideicomiso en su nombre. Este Fideicomiso es utilizado como colateral, y una cuenta colateral es creada y financiada en su nombre. El nacido es el Beneficiario de este Fideicomiso.

Ni la corporación España, ni la corporación Gobierno de Cantabria, y menos aún la compañía privada ICASS, tienen capacidad legal ni contractual como ya se ha informado, para quitarle a mi mandante el poder sobre el fideicomiso sobre sus dos hijos, ni imponerle el tipo de educación que se impone desde Corporaciones internacionales que desean imponer bajo sus criterios económicos y de control, lo que debemos hacer o no hacer.

Todo esto se remite sin perjuicio UCC 1-308.

S.P.T.D.R.= Sin Perjuicio Todos Derechos Reservados. (WP + ARR= Without Perjudice All Rights Reserved).

Por tanto, se informa que bajo una apariencia no contractual y que bajo la cobertura de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1.948, en la que los seres humanos no pueden ser parte del comercio entre hombres, porque se declara ilegal la esclavitud, y las corporaciones privadas o Trust (Su entidad privada de una mancomunidad de municipios) no tiene cobertura legal ni tampoco contractual por un comercio totalmente ilícito, el de menores y humanos en general.

Por todo, y bajo una apariencia legal y totalmente ilícita, tanto apliquemos la UCC o no, las actuaciones administrativas de las corporaciones privadas se realizan bajo el principio de engaño bastante, y aplicamos el principio el proceso NCRTS es la acción necesaria para demostrar que queremos decir lo que decimos, es decir, andar el camino en lugar de que sólo hablar. Dijimos ‘no’ y queremos decir “NO”.

Y bajo la UCC-1-308, mi cliente informan que no desean contratar con esa corporación privada JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 11 DE SANTANDER y cualquier actuación e imposición supondría un hecho criminal.

BOMBAZO! TODO EL BOE Y SU CONTENIDO ES UN FRAUDE.

Es decir, que las supuestas leyes publicadas por la Corporación Privada ESSPAÑA según esta información son un presunto fraude

EL FRAUDE DEL REGISTRO CIVIL. LAS PRUEBAS.

Otro presunto fraude de las leyes mayúsculas. Se habrán dado cuenta que ponemos el nombre de nuestra mandante en minúsculas, y el de su hijo Leonardo y Mario, en minúscula. Dado que el nombre en Mayúsculas es una ficción jurídica, y bajo esa presunta ficción jurídica, existe presunto fraude de ley.

TU DNI ES FALSO. TODOS LOS DNI LO SON. LA PRUEBA.

Por favor vayan tomando nota.

Si unos niños son arrebatos a su madre, usando simulaciones administrativas o judiciales, se presume secuestro.

Si el trafico de menores se financia con el supuesto dinero público, estamos ante un caso de trafico de personas, de organizaciones privadas que bajo una supuesta simulación de derecho público, se organiza un presunto macro negocio de tráfico de menores.

ESTO SUPONE DELITO DE LESA HUMANIDAD, DELITOS QUE NO PRESCRIBEM Y POR LOS QUE SE PUEDEN JUZGAR LOS HECHOS EN DIVERSOS TRIBUNALES NACIONALES O INTERNACIONES, O EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE SE CONSTITUYAN EN EL FUTURO PARA JUZGAR ESTAS ACTUACIONES PRESUNTAMENTE CRIMINALES.

Esta parte informa a esa juzgadora y a otros que se interpondrá querella por esos hechos, pero a sabiendas de que este tipo de supuestos hechos criminales deberán ser juzgados en Tribunales Internacionales-

El problema como todos sabemos que el Juzgado competente de acuerdo con la LEC, seria ese juzgado, pero siempre que hubiera otros juzgadores imparciales,

que por los hechos procesales ocurridos en estos meses de intensa actividad procesal.

Lo primero que vio esta parte procesal en ese juzgado es que el anterior letrado que estaba representando a mi cliente, había cobrado 3.500 euros, y otra cantidad para el procurador y en efectivo. Cuando solicite el poder del procurador, no había. Mi cliente no había nombrado procurador ni Apud Acta, ni en el Notario.

Recibo un procedimiento civil con un procurador que no tenia poder de mi cliente para actuar en ese juzgado de primera instancia N.º 11 de Santander, con vistas (presuntamente simuladas) y otros hechos procesales, que eran nulos de pleno derecho, todo un presunto circo que incriminan presuntamente a todos los actuantes, menos a las pobres víctimas.

Existe una sentencia del Tribunal Penal Internacional de la Haya, por un caso de un ciudadano filipino, y en la sentencia del 2017, este alto tribunal prohibió juzgar a los fideicomisos, entre ellos a los de la Corporación Privada España y del resto de las filiales que dependen de ella.

¿Cómo se llama la ley 15/2015? DE JURISDICCION VOLUNTARIA. ¿Por qué? Esta claro que no obliga a las partes a aceptar las actuaciones de los juzgados de primera instancia dentro de la Corporación España.

¿Lo tienen claro? Se han dado los suficientes razonamientos jurídicos para demostrar que las actuaciones procesales son presuntas simulaciones, y que bajo estas actuaciones procesales, existen dos niños arrancados a mi mandante, usando a la Guardia Civil, que no deja de ser una entidad privada (La GC) propiedad de otra entidad privada, con sede en Italia.

¿Qué procede? Devolver ambos niños bajo (Leonardo y Mario) la custodia de su madre, Dña. Blanca Ortiz Gómez, dado que mientras el tiempo pase, el presunto delito sigue existiendo, y motivos para presuntamente incrementar la pena de todos los intervinientes, en estos hechos.

Lo que se comunica a los efectos legales oportunos.

@ECV