DENUNCIA MINISTERIO DE CANTABRIA

Adjunto la denuncia que he presentado ante el Ministerio en Cantabria en nombre de Blanca.

Es para que os hagáis una idea de cómo es el criminal sistema criminal.

En mi caso no tengo de decirles a los fiscales que son unos corruptos igual que a los jueces.

Durante años me abrieron decenas de expedientes la fiscalía (todo simulado) por denunciar corrupción.

At. Sra. Fiscal Jefe de Cantabria. Ecma. Sra. Dña. María Pilar Jiménez Bados D, ECV. Abogado ICAM en nombre de Dña. Blanca Ortíz Gómez, con domicilio en Barrio La Mata 18 39794 ANERO — CANTABRIA presenta la siguiente denuncia:

Se informa que se ha presentado una querella criminal en Santander contra una presunta organización contra el padre de los dos menores Leonardo y Mario Santos Ortiz.

Así mismo esta querellado el empleado del ICASS Francisco Javier Dávila González, por presunta pertenencia a una organización relacionada con el tema de la presunta trata de menores.

Dentro del ICASS en cuyo organigrama existe una Directora General la Sra. Mora, y un subdirector el Sr. Pria.

Llama la atención que todos los escritos relacionados con el presunto secuestro de los hermanos Santos Ortiz estén firmados por Francisco Javier Dávila González. Cuando firma no lo hace por delegación de firma de la Directora General o del Subdirector de infancia, si no que lo hace nombre.

Nos podemos poner en el caso de que un agente judicial firme en nombre de un fiscal (Ministerio Fiscal), lo cual además de la nulidad, tenemos un caso de transcendía penal. Este es lo mismo, y además la demanda puesta ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 11 por el ICASS con documentos administrativos firmados el Sr. Dávila, raya el absurdo, dado que la titular de ese Juzgado Dña., Marta Solana Cobos, se le informo de la presunta nulidad de la demanda, y en lugar de emitir un Auto para resolver, ha enviado dos Providencias, que no procede procesalmente.

La procuradora que representaba a la Sra. Ortiz Gómez BEGOÑA PEÑA REVILLA, se negó a presentar el escrito de Recusación que esta parte le entrego alegando amista con la jueza titular del Juzgado Nº 11 de Primera Instancia, sin recabar que es un presunto delito contra la Administración de Justicia, entre otros.

El escrito de recusación presentado contra la Jueza Solana Cobos, esta diligenciado por la Audiencia Provincial de Cantabria. El propio Juzgado Nº 11 de Primera Instancia, reconoce que el Procurador personado en nombre de mi mandante es D. Miguel Torres Álvarez, y al día de hoy se sigue recibiendo Providencia de la jueza Solana Cobos y lo remite como no, la procuradora Peña Revilla, cuando la jueza sabe que se tiene que apartar del caso si o si, y la procuradora sabe que otro procurador, representa a Dña. Blanca Ortiz.

Nos hace presumir que se intenta proseguir con una simulación procesal, que pudiera servir para letrados que no lo hagan constar, pero ya se ha dejado claro y denunciado presunto Crimen Organizado. Que el Sr. Dávila no tiene firma administrativa para actuar en los tribunales de Justicia está claro. Que es un presunto secuestro de menores está claro. De hecho en la prueba adjunta se niega a la madrina de los niños pueda hacer una visita a los mismos, firmado por Fco. Javier Dávila González, pero lo llamativo de todo es que indica que el único que tiene la patria potestad es el presunto pedófilo del padre de los menores Carlos Santos Méndez, y es el reiterativo personaje denunciado por los dos menores, que no lo quiere ver.

Esto huele muy mal. El padre vive ahora en la Calle Casimiro Sainz 10, Matamorosa, dentro del término de Reinosa – Cantabria. El ICASS tiene contratadas más de 200 familias de acogida sin control externo al ICASS, que si se usara el argot policial para presuntas organizaciones criminales se les podría llamar PISOS FRANCOS.

Tanto el padre de los dos menores Carlos Santos Méndez como Francisco Javier Dávila González, estarían en estos momentos en otro país de la UE bajo control policial, vistos los antecedentes.

El ICASS se financia con el dinero de los Presupuestos de Bruselas (UE).

Dada la creación de la Fiscalía Europea, y que entre sus objetivos están el uso presuntamente fraudulento de los fondos europeos, se va a presentar denuncia dado que existe prejudicial dad penal de todos estos hechos.

Una pregunta ¿La señora Dña. Sandra Hernández, fiscal de menores? ¿No se dio cuenta de lo aquí denunciado? En la querella criminal puesta ante el Juzgado Decano de Santander, se denuncia presunto crimen organizado.

Se presume que el ministerio fiscal debería haber detectado lo aquí denunciado por esta parte letrada.

Esta denuncia se comunica a los efectos legales oportunos.

ECV. Abogado ICAM